Las tensiones entre la protección de los bosques y el medio ambiente del Reino y los derechos y las necesidades de las comunidades que habitan dentro o en los bordes de los bosques han sido un desafío que enfrentaron los gobiernos tailandeses durante varias décadas. La rápida industrialización y la expansión de la agricultura, a la vez que proporciona una gran cantidad de beneficios en términos de reducción de la pobreza y el aumento de los niveles de vida de las personas, también ha dado lugar a una importante deforestación y daños ambientales.

Durante la década de 1960 se aprobó una ley para crear parques nacionales y áreas protegidas, y una resolución del gabinete en 1998 permitió que las comunidades que habitan en los bosques permanezcan en el lugar "temporalmente" hasta que se pueda desarrollar una solución permanente para la situación. La nueva ley es un paso significativo en esa dirección. "Vamos a tener la nueva ley de parques nacionales como una herramienta clave para gestionar el problema. Concede a las personas el derecho a vivir en áreas boscosas [pero] tenemos que discutir cómo pueden vivir en armonía con el entorno local", dijo Surasak Kanjanarat, ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Señaló que desde la resolución del gabinete de 1998, el número de "invasores forestales" se había duplicado. En ese momento, se habían invadido alrededor de 1,2 millones de acres de bosque protegido, pero hoy la cifra es de 2,3 millones de acres.

El Reino fue en su mayor parte un desierto, pero su cubierta forestal se registró en solo el 31.5 por ciento de su masa de tierra en 2014, cuando el gobierno del Primer Ministro Prayut Chan-o-cha prometió terminar con la deforestación y aumentar la cubierta forestal a 40 por ciento en diez años . El gobierno dijo que crearía nuevas zonas para los bosques y la agricultura, y acabaría con la corrupción en los títulos de propiedad de la tierra. Desde entonces, varios hoteles y complejos turísticos han sido desmantelados por invadir bosques protegidos y parques nacionales.

Los activistas de derechos humanos advirtieron, sin embargo, que el impulso del gobierno para expulsar y procesar a los invasores podría terminar desalojando comunidades forestales legítimas que han existido por generaciones. Algunos funcionarios, de hecho, desalojaron algunas comunidades forestales, lo que llevó a disputas, casos judiciales y quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las actitudes hacia esas comunidades varían. Mientras que algunos creen que los habitantes de los bosques están destruyendo el medio ambiente, otros creen que muchas de estas comunidades comprenden los ecosistemas de los bosques y podrían servir como los mejores administradores de su protección.

La nueva ley intenta cerrar esta brecha al reconocer el papel positivo de los habitantes de los bosques al tiempo que asegura que están usando y cuidando el medio ambiente de manera responsable y sostenible.

Fuente: Royal Thai Embassy, Washington D.C.